
Declaración Pública Asociación Chilena de Plataformas de Movilidad (ACHIPLAM)
Ante la aprobación del reglamento de la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte EAT, como Asociación manifestamos nuestra preocupación por los efectos negativos de su implementación, y que nuevamente se haya desoído a la industria sobre las mejoras necesarias.
A pesar de lo anterior, las empresas agrupadas en ACHIPLAM tendremos como foco lograr que la implementación de esta nueva ley se haga de la mejor manera, protegiendo el acceso de conductores y pasajeros a los servicios de transporte compartido, y limitando su impacto negativo.
Como gremio que alberga emprendedores chilenos, lamentamos que este reglamento simbolice el fin del desarrollo local de aplicaciones de movilidad compartida y negocios afines. Dado el sistema de cuotas y cupos asignados por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, será prácticamente imposible la creación de nuevas empresas locales o modelos de negocios innovadores que no se ajusten a los ya existentes.
Al mismo tiempo, esta y otras medidas contenidas en el texto ponen en riesgo los ingresos de cientos de miles de familias, y representan una barrera para que nuevos conductores puedan generar ganancias en momentos de necesidad, creando un sistema rígido y obsoleto como el de taxi. La baja de conductores impactará la calidad del servicio, especialmente en zonas donde no hay cobertura suficiente de transporte público. Esto afectará principalmente a las regiones y zonas más alejadas y desconectadas a las áreas metropolitanas, impactando directamente a comunidades más vulnerables.
Nos sumamos al llamado de distintas organizaciones, quienes han presentado su preocupación por la violación a la privacidad de los datos de conductores y pasajeros. Las necesidades que pueda tener el Ministerio de regular el tránsito y la fiscalización del transporte público no deberían ser razón suficiente para exigir a las empresas desencriptar y publicar los viajes, destinos y otros detalles de la vida privada de las personas. Este elemento debemos defenderlo como factor constitucional de nuestra democracia basada en la libertad y la privacidad de los ciudadanos.
Como industria quedaremos pendientes de una respuesta acorde por parte del Ministro, para asegurarnos que esta regulación pueda potenciar los beneficios de la tecnología y evitar un impacto negativo directo en el día a día de las personas, y en el futuro de los emprendimientos chilenos. Como está redactado actualmente, se pierde todo el sentido que tiene nuestro sistema de regulación y fiscalización que debería existir para mejorar y ordenar las condiciones existentes de la ciudadanía moderna.

